Miles de personas se manifiestan contra una riqueza que empobrece y exigen al gobierno que no recorte derechos sino que recorte el fraude

EAPNCV
10/18/2013

ImagenFoto del Diario.es

Madrid, 18 de octubre de 2013 (EAPN ES). En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se conmemoró ayer en todo el mundo, la ciudadanía española salió a la calle en casi 40 ciudades para rechazar firmemente una política de recortes que empobrece cada vez más a las personas en España y en todo el mundo. Unas medidas que significan el desmantelamiento del estado de bienestar, que vulneran derechos humanos y que acrecientan la desigualdad social de una forma obscena. En Valencia la manifestación se celebrará mañana sábado 19 de octubre.

Las políticas públicas de Educación, Sanidad, Dependencia, Cooperación para el Desarrollo, Empleo, Servicios Sociales e Igualdad están siendo debilitadas progresivamente con graves consecuencias para la población.

No es justo que las personas más vulnerables del planeta sean las que paguen las consecuencias de una crisis que sirve de excusa para recortar los derechos humanos y debilitar las políticas públicas.

La Alianza contra la Pobreza y la Cumbre Social denuncian que el gobierno no está escuchando las alternativas que le plantea la sociedad civil, tales como la lucha contra el fraude fiscal o la erradicación de los paraísos fiscales.  La ciudadanía demanda políticas públicas que protejan a las personas y no a los mercados; exige que los presupuestos para 2014 sean justos y protejan a las personas y sus derechos

LOS DATOS. En España, más de 12 millones de personas viven ya en situación de pobreza y exclusión (el 27% de la población). La pobreza afecta a 120 millones  de  personas  en la Unión Europea. Y  en el mundo 1.400 millones de personas sufren pobreza extrema y casi 1.000 millones sufren hambre y no tienen acceso al agua potable y otros servicios básicos como la salud y la educación.

HAY ALTERNATIVAS. Según datos de expertos en la Hacienda Pública, el Estado español pierde 90.000 millones de euros al año debido al fraude fiscal, realizado en un 72% por grandes empresas y fortunas. Dinero que podría ser invertido en las políticas públicas.

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