EAPN CV valora positivamente la nueva Ley de Mejora de la Renta Valenciana de Inclusión, pero advierte sobre los colectivos aún excluidos
La presidenta de la EAPN Comunitat Valenciana – Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Lola Fernández, compareció este miércoles en la Comisión de Política Social y Ocupación de Les Corts Valencianes para trasladar la valoración de la red sobre el Proyecto de Ley de Mejora de la Renta Valenciana de Inclusión. Pueden ver la intervención a partid del minuto 35 en el siguiente enlace de la web de Les Corts.
Durante su intervención, Fernández subrayó la importancia de esta ley en un contexto en el que el riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en la Comunitat Valenciana alcanza cifras preocupantes, más de cuatro puntos por encima de la media estatal, es decir, un 29,9% de la población valenciana se encuentra en esta situación (puedes ampliar la información aquí). En 2024, casi 1,6 millones de personas se encuentran en esta situación en el territorio valenciano.
La presidenta destacó que los colectivos con mayores índices de pobreza son las familias con menores a cargo, las personas que viven de alquiler, las personas con discapacidad o quienes residen en entornos urbanos. “La vivienda es uno de los factores clave: los gastos de alquiler absorben un porcentaje demasiado elevado de los ingresos en muchos hogares”, señaló, insistiendo en que “las ayudas y prestaciones sociales son las que realmente consiguen reducir la pobreza y permitir que muchas familias puedan salir adelante”.
En su valoración, EAPN CV destacó como aspectos positivos del nuevo texto legal la unificación en una sola prestación, lo que “facilita la gestión a las familias y reduce los errores administrativos”, así como la compatibilidad con el trabajo y el incentivo al empleo, especialmente relevante para quienes acceden a empleos temporales. Fernández también valoró el complemento a la infancia, “una medida necesaria ante las elevadas tasas de pobreza infantil en la Comunitat Valenciana”.
Asimismo, la entidad considera positiva la simplificación del modelo y que la instrucción recaiga en la Generalitat, permitiendo que los servicios sociales municipales se centren en el acompañamiento, procesos de inclusión y la inserción sociolaboral. También celebró la introducción de la tarjeta prepago, que “evita situaciones de exclusión financiera y las dificultades de acceso a la banca que sufren muchas personas en vulnerabilidad”.
No obstante, Fernández advirtió que algunos colectivos siguen quedando fuera de la cobertura de la ley, como los menores de 30 años que no pueden acreditar dos años de empadronamiento fuera del hogar familiar, o las unidades familiares diferenciadas que conviven dentro de un mismo domicilio puesto que no todas las familias vulnerables son una unidad económica única, recordó, por ejemplo es el caso de muchas familias de etnia gitana, donde conviven diferentes núcleos familiares dentro de una misma familia y hogar.
También expresó su preocupación por la situación de los jóvenes, que aunque no sean menores residen en centros de otras tipologías, los procedimientos de reintegro y la necesidad de que el diagnóstico de vulnerabilidad quede bien definido en el desarrollo normativo “para evitar que dependa de interpretaciones subjetivas”. Además, señaló que el papel del Tercer Sector no queda suficientemente recogido: “Debe poder participar en la identificación de indicadores de vulnerabilidad y en la colaboración mediante convenios”.
Fernández concluyó que el proyecto parte de una buena base, de una buena ley anterior y que “esta mejora consolida avances importantes en materia de cobertura y simplificación administrativa”. Tras su intervención, respondió a las preguntas de los grupos parlamentarios presentes en la comisión.
