Foto: Ingo Joseph
- En 2022 el 27,5% de la población en la Comunitat Valenciana se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, esto es 1,4 millones de personas, de las cuáles 719 están en pobreza severa.
- El riesgo de pobreza y exclusión social ha disminuido en 5,5 puntos porcentuales desde 2015.
- En 2022, 146.655 personas salen de las situaciones de riesgo de pobreza y/o exclusión social.
- La tasa de privación material y social severa alcanza en 2022 al 7% de la población en la C.Valenciana, esto son 343.184 personas, frente al 7,6% y 384.418 personas afectadas en 2021.
- La valenciana se mantiene como la sexta comunidad autónoma con mayor tasa AROPE, con 1,5 puntos más que la media en España.
- Lola Fernández: “La prioridad del Govern ha de ser generar políticas más efectivas y destinar la inversión social necesaria para seguir reduciendo la pobreza hasta su erradicación”.
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La EAPN España y la EAPN C.Valenciana (European Anti-poverty Network / Red Europea de Lucha contra la Pobreza) indican que en 2022 el riesgo de pobreza y/o exclusión social (indicador AROPE-At Risk of Poverty and Exclusion) ha afectado al 27,5% de la población en la C.Valenciana, esto es a 1.401.135 personas. Esto supone una reducción significativa de 3,1 puntos porcentuales respecto al año pasado, cuando se situó en el 30,6% afectando a 1.547.790 personas, lo que reduce 146.655 personas al total en AROPE. Sin embargo, la valenciana se mantiene como la sexta comunidad autónoma con mayor tasa AROPE, con 1,5 puntos más que la media en España.
Todos estos datos suponen una mejora con respecto al 2015, designado año de control de la Agenda 2030 y en el que el indicador AROPE fue del 33,2%. En comparación con ese año, el AROPE disminuyó en 5,5 puntos porcentuales.
El indicador AROPE se mide teniendo en cuenta tres elementos: la Tasa de riesgo de pobreza, la Privación Material y Social Severa (PMSS) y la Baja Intensidad de Trabajo en los Hogares (BITH).
Y según los elementos de renta de 2021, la Tasa de riesgo de pobreza se sitúa en 2022 en el 22,3% de la población en la Comunitat Valenciana, frente al 25,1% del año anterior, lo que supone una reducción importante de 2,8 puntos porcentuales. Por su parte el 8.9% de la población valenciana, esto son 453.719 personas, está en situación de pobreza severa, lo que significa que obtuvo ingresos menores a 560 euros al mes en 2021. Esto supone también una reducción importante de 2,2 puntos porcentuales y 105.685 personas menos que el año anterior, cuando se registraron 559.404 en pobreza severa, lo que significó el 11,1% de la población valenciana.
Por su parte, la Privación Material y Social Severa (PMSS) es del 6.7%, esto son 343.184 personas, frente al 7,6% y 384.418 personas afectadas en 2021. Este indicador nos muestra la imposibilidad de consumir algunos productos y/o servicios básicos, y en 2022 se redujo en 1,1 puntos porcentuales y en 41.234 personas en la Comunitat Valenciana.
Respecto al indicador BITH (Baja Intensidad de Trabajo en los Hogares), que se refiere a las personas entre 0 y 64 años que viven en hogares en los cuales se trabaja menos del 20% de su potencial total de empleo, el informe señala que el 9.3 % de la población menor de 64 años, esto son 346.747 personas residentes en la C.Valenciana vive en hogares con baja intensidad de empleo. La cifra supone otro descenso significativo de 1,8 puntos porcentuales respecto a los datos del año pasado y 103.549 personas menos viviendo en estas circunstancias.
Estos son algunos de los datos que se extraen del XIII Informe de EAPN ES ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2022’, presentado hoy en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se conmemora el 17 de octubre.
En este marco conmemorativo, la presidenta de la EAPN Comunitat Valenciana, Lola Fernández, urge a seguir mejorando la coordinación entre administraciones públicas y consellerias, y también de éstas con el Tercer Sector de Acción Social para optimizar las herramientas, estrategias y formas de trabajo en la lucha contra la pobreza: “Reconocemos que se han hecho muchos esfuerzos en estos últimos años. Y hay que lanzar un mensaje de esperanza también, pues hemos pasado del 33% de riesgo de pobreza en 2015 en la Comunitat Valenciana al 27,5% actual con pandemia y guerra por medio. El nivel de riesgo de pobreza es todavía muy alto en la Comunitat Valenciana, pero en los últimos años se ha reducido 5,5 puntos porcentuales. Por eso es importante subrayar que con la inversión social necesaria sí podemos reducir la pobreza. Pero no podemos caminar sólos, debemos ir de la mano con otras administraciones públicas y consellerias. Exigimos transversalidad y esfuerzos conjuntos en la lucha contra la pobreza, y revisar el motivo por el cual las ayudas nos llegan a todas las personas que lo necesitan”.
Lola Fernández subraya la utilidad de las políticas públicas: “Hemos de priorizar las políticas públicas destinadas a reducir la pobreza y la exclusión. Y en ese camino hemos de incluir el acceso al Ingreso Mínimo Vital y a la Renta Valenciana de Inclusión y sus complementariedades con las rentas del trabajo, con ayudas al alquiler, con becas de comedor, con bonos de acceso digital y energético. El Ingreso Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inclusión han de coordinarse de la forma más eficaz posible y han de mejorar su gestión para llegar a todas las personas que en la C.Valenciana lo necesitan. Pero también hemos de hablar de la inserción laboral y el empleo digno, así como del acceso a la vivienda y a la formación de manera equitativa y no segregada. Necesitamos políticas valientes para reducir las desigualdades, también entre mujeres y hombres, y para prevenir la violencia contra las mujeres y alcanzar sociedades con el máximo grado de Igualdad de Trato y No Discriminación y con el mínimo exponente de exclusión”.
La presidenta de la EAPN CV urge a un acuerdo en Les Corts Valencianes para continuar con la senda de la reducción de la pobreza y señala que hay que ir hacia su erradicación. En ese sentido, Fernández indica: “resultan insuficientes las estrategias de lucha contra la pobreza basadas en el simple crecimiento de la economía, pues suele pasar que al tiempo que sube el PIB en España aumenta la pobreza o no existe una reducción significativa de la pobreza. Tampoco da resultado la generación de empleo, si este empleo es en condiciones de precariedad”. Y advierte que para la inversión social necesaria “hay que seguir la senda de la fiscalidad justa para que contribuyan más quienes más se enriquecen”. También exige un porcentaje significativo de los Fondos Europeos para combatir la pobreza y la exclusión social.
Y concluye: “no hay duda de que la prioridad del Govern ha de ser generar políticas más efectivas y destinar la inversión social necesaria para seguir reduciendo la pobreza hasta su erradicación. Insistimos en que esta prioridad debe ser abordada contando con el compromiso de todo el arco parlamentario y en colaboración con todos los agentes sociales, con el Tercer Sector de Acción Social y las personas que experimentan en primer término la pobreza y la exclusión social”.
España recupera las condiciones de vida previas a la crisis de la COVID-19, pero tiene 1,8 millones de personas en AROPE por encima de los objetivos de la Agenda 2030
Para 2022, el 26% de la población española, es decir, unos 12,3 millones de personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social. La cifra supone la ruptura de un período de dos años de crecimiento y una reducción de unas 800.000 personas con respecto al año anterior.
El 20,4% de la población española, es decir, 9,6 millones de personas están en riesgo de pobreza. La cifra supone una reducción de 1,3 puntos porcentuales con respecto a los datos anteriores y alrededor de 580.000 personas que han salido de la pobreza este último año.
Por su parte, el 8,9% de la población española, unos 4,2 millones de personas, viven en pobreza severa, lo que significa vivir con ingresos por unidad de consumo inferiores a 560 € al mes. La cifra es 1,3 puntos inferior a la del año anterior.
Por otro lado, en 2022 se registraron unos 3,6 millones de personas que viven con privación material y social severa, esto es el 7,7% de la población española. Supone una ligera mejora de 0,6 puntos porcentuales respecto al año pasado.
Asimismo, el año pasado el 8,6 de las personas menores de 65 años, es decir unos 3,27 millones de personas han vivido en hogares con baja intensidad de trabajo, lo que también significa una reducción considerable de 3,1 puntos porcentuales en el último año; esto se traduce en 1,2 millones de personas menos que residen en hogares con baja intensidad de empleo.
La práctica totalidad de los indicadores muestran una recuperación importante en las condiciones de vida de las personas y un retorno casi completo a los datos previos a la crisis económica provocada por la covid-19; todo ello en un año. Por otra parte, también se registra una mejora generalizada sobre el año de control de la Agenda 2030 que, sin embargo, no es suficiente para mantener la evolución proporcional adecuada para cumplir los objetivos en 2030. Por ejemplo, para el caso del AROPE, el informe consigna que se ha hecho menos de la mitad de lo necesario para cumplir el objetivo de pobreza medida por el AROPE. En la actualidad, España tiene unos 1,8 millones de personas en AROPE por encima de las que debería tener para cumplir sus compromisos en la Agenda 2030.
Por otra parte, dado que los datos de renta obtenidos de la ECV de 2022 corresponden al año 2021, este es el primer año que se puede documentar el proceso de recuperación de la crisis económica provocada por la covid-19 en las personas. En este sentido, la crisis redujo en solo un año el PIB per cápita en el 10,7 % (-2.833 €) y, sin embargo, solo significó una disminución de 23 € (-0,2 %) en la renta media por persona. El hecho de que estas cifras sean superiores a las que produjo la Gran recesión, que duró cinco años, desde 2008 a 2013, y produjo una reducción del PIB per cápita de 2.230 € (caída del 9,2 %) y de la renta por persona en 927 € (-8,2 %), y que tardó otros cuatro años en recuperarse, pone de manifiesto el éxito de la respuesta pública de carácter contracíclico para enfrentar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, radicalmente diferente a la utilizada en la crisis de 2009 y que permitió no solo limitar a un año el desplome económico, sino también sostener a la población española en su conjunto y, especialmente, a los estratos más débiles.
El gran resultado de las medidas de contención y mantenimiento de la calidad de vida de las personas consiguieron limitar el incremento de las tasas de pobreza y/o exclusión. Los principales indicadores utilizados para medir la calidad de vida de las personas sólo han tardado un año en recuperar no sólo sus valores previos a la crisis, sino que han cancelado el aumento acumulado en varios años anteriores. La tasa AROPE ha retrocedido en un año hasta el valor más bajo desde que se calcula el indicador.
Constatamos la enorme importancia que tiene la función redistribuidora de la Administración pública para el sostenimiento de la calidad de vida del conjunto de la población; así como que el mero crecimiento económico no es suficiente para luchar contra la pobreza y la exclusión.
