El porcentaje de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social (AROPE-At Risk Of Poverty and Exclusion) aumentó en España del 26 % en 2022 al 26,5 % en 2023, alcanzando ya a 12,7 millones de personas. En la Comunitat Valenciana se produce un incremento muy significativo, pasando del 27,5% en 2022 al 29,6% en 2023. Esto es un incremento de 2,1 puntos porcentuales, o lo que es lo mismo, un 7,6% más de tasa AROPE.
Si desgranamos la tasa AROPE de la Comunitat Valenciana en sus diferentes elementos destacamos que:
– El riesgo de pobreza pasa del 22,3% en 2022 al 24,3% en 2023, un crecimiento de 2 puntos porcentuales, lo que significa un aumento del 9% en 2023. Son personas que se encuentran bajo el umbral de pobreza, que en 2023 se sitúa en 10.989 € anuales por unidad de consumo (916 € al mes).
– La carencia material y social severa (CMSS) también sube. Aumenta la imposibilidad de consumo de una serie de items que la Unión Europea considera básicos. En este sentido, la Comunitat Valenciana pasa del 7,1% de CMSS en 2022 al 8,3% en 2023. Un aumento de 1,2 puntos porcentuales, lo que ha significado un aumento del 17%.
– Sin embargo, el número de hogares con baja intensidad de empleo desciende ligeramente en la Comunitat Valenciana, pasando del 9,1% en 2022 al 8,7% en 2023, un descenso de 0,4 puntos porcentuales, lo que significa de un 4,4%.
La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha elaborado un Avance de Resultados de su Informe Anual ‘El Estado de la Pobreza’, construido a partir de los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada el 26 de febrero. El documento recoge tanto la tasa AROPE -personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social-, como sus diferentes componentes, y es el primero en mostrar los efectos de la guerra en Ucrania, de la inflación y de la crisis energética.
Según el Avance, el riesgo de pobreza o exclusión social se ha incrementado en el último año y alcanza al 26,5 % de la población residente en España, unos 12,7 millones de personas (400.000 más que 2022), debido sobre todo al empeoramiento del componente de privación material y social severa. Los otros dos indicadores de la tasa AROPE -riesgo de pobreza y baja intensidad en el empleo-, se han mantenido prácticamente estables.
La peor parte se la llevan las familias con menores, a quienes afecta muy duramente el incremento del coste de la vida. Especialmente preocupante es la situación de los hogares monoparentales: más de la mitad (52,7 %) está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, frente al 49,2 % de 2022. Esto se traduce en un aumento acusado de la pobreza infantil respecto al año anterior, del 27,8 % hasta el 28,9 %: unos 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes está en riesgo de pobreza.
A su vez, alrededor de 9,7 millones de personas viven en pobreza en nuestro país, con ingresos inferiores a 10.989 € anuales por unidad de consumo (916 € al mes): es el 20,2 % de la población. Este indicador refleja también que la feminización de la pobreza es en una problemática constante y estructural: un año más, las mujeres son más pobres que los hombres (el 20,8 % frente al 19,5 %, respectivamente).
POLÍTICAS SOCIALES IMPRESCINDIBLES PERO INSUFICIENTES
El Avance refleja un fuerte crecimiento de las rentas respecto a 2022, el más acentuado desde 2008. Esto se debe en gran parte al denominado ‘Escudo Social’, que ha sido imprescindible para hacer frente a los efectos de las sucesivas crisis desde la pandemia. De hecho, según el XII Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN-ES, estas medidas evitaron que 1,5 millones de personas entrase en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2021.
Conclusiones similares arrojó el XIII Informe: sin políticas de protección social y sin pensiones públicas, el número de personas en situación de pobreza se habría duplicado en 2022, llegando a afectar a casi la mitad de la población.
Sin embargo, los datos de privación material y social severa (PMSS) revelan que la estrategia europea y estatal frente a los efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania sigue siendo insuficiente ante el encarecimiento de la vida. A esto se suma que las medidas no llegan por igual a todas las personas: los hogares en situación más vulnerable no son capaces de hacer frente a la inflación y a los precios de la energía.
Así lo reflejan los indicadores que definen la PMSS. El dato que más empeoró en 2023 respecto al año anterior fue el referido a la pobreza energética de los hogares: el 20,7 % no pudo permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, frente al 17,1 % de 2022 y 14,3 % en 2021.
También ha aumentado un punto el porcentaje de población que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días (6,4 %), mientras que la cifra de personas que no pueden hacer frente a gastos imprevistos se sitúa ya en el 37,1 %, frente al 35,5 % de 2022.
Por último, señalar que los datos nos alejan aún más del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la Agenda 2030. En el caso de la tasa AROPE, debería ser 5,5 puntos porcentuales más baja, el 21 % para 2023, frente al 26,5 % que indica la ECV.
LA SITUACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El Avance incluye también un primer abordaje de la situación territorial. Las regiones con mejores datos (norte) sufren un empeoramiento, debido sobre todo a los indicadores de PMSS, y aquellas con cifras más elevadas de pobreza y exclusión social (sur) experimentan una mejoría.
Sin embargo, la brecha entre unas y otras mantiene una España dividida en el eje norte sur con grandes desigualdades, en una horquilla muy amplia que, en el caso de la Tasa AROPE, va desde el 15,5 % del País Vasco hasta el 37,5 % en Andalucía, más del doble.
Los efectos de la inflación y de los precios de la energía observados a nivel estatal se replican en el caso de las CCAA, con fuertes incrementos en algunas regiones de las personas que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días; mantener la vivienda a una temperatura adecuada, o quienes manifiestan retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal.
PACTO ESTATAL CONTRA LA POBREZA
Desde EAPN-ES muestran preocupación ante el empeoramiento de los datos, y urgen a incrementar las políticas de protección social -con un enfoque de género e interseccional-, aumentando su intensidad y alcance, y con la implicación tanto del Ejecutivo central como de los Gobiernos autonómicos.
En este sentido, recuerdan los compromisos internacionales adquiridos por los sucesivos Gobiernos desde 2015 para poner fin a esta problemática, y llaman a establecer un Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza, que cuente con el consenso de todo el arco parlamentario, y a todos los niveles competenciales.
A nivel estatal, la Red pide una nueva Estrategia Estatal de Lucha contra la Pobreza más ambiciosa que la actual, un compromiso del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y que se haga en coordinación con otras Carteras con competencias en ámbitos asociados con la pobreza, y con las CCAA.
A su vez, las CCAA tienen un papel imprescindible en la lucha contra la pobreza. Desde la entidad piden a los Gobiernos autonómicos que desarrollen e inviertan en gasto social, en suma a las partidas y medidas impulsadas a nivel estatal. Por ejemplo, es necesario que se complementen de forma decidida el ingreso mínimo vital con sus rentas autonómicas, como medida clave para garantizar una vida digna a millones de personas.
Y, por supuesto, ante la grave situación de los hogares más vulnerables, EAPN-ES recuerda que debe llevarse a cabo el desarrollo normativo de la Ley por el Derecho a la Vivienda, así como la tramitación parlamentaria de la Ley de Familias, aprobada en el Consejo de ministros el 27 de febrero de 2024.
EL PAPEL DE EUROPA
El próximo mes de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Desde EAPN-ES recuerdan a los partidos que concurren a los comicios la importancia de priorizar en sus programas políticas públicas que hagan frente a esta preocupante situación, tal y como demanda la ciudadanía: más de un tercio de la población de la UE considera que la lucha contra la pobreza y la exclusión social (36 %) es el tema principal al que debe dar prioridad el Parlamento Europeo, según la Encuesta de Otoño de 2023 del Eurobarómetro.
Las investigaciones de EAPN-ES han demostrado que apostar por políticas de protección social para afrontar las crisis funciona, pero hay que ser más ambiciosos. Acabar con la pobreza es una cuestión de garantía de derechos y de voluntad política.
