EAPN CV advierte que la Generalitat separa a personas migrantes y mujeres en situación de vulnerabilidad del sistema general de servicios sociales

La Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa en la Comunitat Valenciana (EAPN CV) advierte que la actual organización del concierto en materia de servicios sociales de la Generalitat Valenciana separa a las personas migrantes y mujeres en situación de mayor vulnerabilidad del sistema general de servicios sociales.

Actualmente, la acción concertada de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia da cobertura a distintos colectivos como personas con discapacidad, infancia y adolescencia, personas mayores dependientes o personas en situación o riesgo de exclusión social. Sin embargo, tras la reestructuración del Consell a finales de 2025, los recursos dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad y personas migrantes han quedado fuera de este marco común, al depender sus competencias de la Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad, adscrita a la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.

La red critica que los recursos dirigidos a estas personas hayan quedado fuera de la acción concertada ordinaria dependiente de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, pasando a integrarse en una estructura separada vinculada a la Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad. Y alerta de que la fragmentación de los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales deja alrededor de 160 plazas de acogida para mujeres en situación de vulnerabilidad y personas migrantes en un sistema paralelo y discriminatorio.

Para EAPN CV, esta división no responde a las necesidades reales de las personas atendidas y supone un grave incumplimiento de la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana. La red considera que se está construyendo un sistema paralelo que rompe los principios de atención integral y multidimensional, continuidad en la atención, coordinación administrativa, igualdad y no discriminación, al generar desigualdades entre personas en situación de vulnerabilidad.

La organización recuerda que la ley autonómica de Servicios Sociales Inclusivos establece un modelo de intervención integral, centrado en la persona. En la práctica, las personas no viven sus vulnerabilidades de manera separada. Fragmentar los recursos según perfiles administrativos implica romper itinerarios de inclusión, dificultar la coordinación profesional y empeorar la atención.

EAPN CV advierte además que esta separación está teniendo consecuencias directas tanto para las personas usuarias como para las entidades sociales que gestionan los recursos. Entre ellas, destaca la descoordinación institucional, la multiplicación de procedimientos burocráticos, la inseguridad sobre los modelos de financiación y los retrasos en pagos respecto al resto de conciertos sociales de la Generalitat. Esta duplicación de procedimientos resulta contraria al principio de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos que establece la normativa vigente.

Por último, la entidad alerta del riesgo de generar desigualdades entre colectivos o realidades sociales en situación de vulnerabilidad. La coexistencia de dos modelos puede traducirse en diferencias en los requisitos de acceso, en los baremos de valoración o en la financiación de los servicios, pudiendo generar un modelo discriminatorio que derive en desigualdades en el acceso, en la financiación de recursos y en las condiciones de atención.

Ante esta situación, EAPN CV reclama que en el próximo periodo de acción concertada previsto para 2027, todos los recursos residenciales y de inclusión social vuelvan a integrarse en un único sistema de concierto social, dependiente del sistema público valenciano de servicios sociales, garantizando igualdad de derechos, estabilidad en la prestación, calidad homogénea, continuidad de la atención, sostenibilidad de los recursos y seguridad jurídica a las entidades y fundamentalmente a las personas usuarias.