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La EAPN CV presenta el II Informe sobre la situación y acciones de sus entidades frente a la DANA

Agradecemos la cesión del uso de la fotografía de portada por parte de su autor, Alberto Pla.

Cuatro meses después de la DANA que golpeó la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024, la situación en muchos municipios continúa siendo crítica. Así lo evidencia el II Informe de EAPN CV sobre la situación y acciones de las entidades frente a la DANA que recoge información detallada sobre el impacto de la catástrofe y la respuesta del Tercer Sector de Acción Social en los municipios afectados.

ACCEDE MEDIANTE ESTE ENLACE AL II INFORME EAPN CV
Como ayudamos en la #DANA. 02_25

 

Este informe es el resultado de un trabajo colectivo que se actualizará de forma periódica, junto con la información disponible en el apartado «AYUDA EN LA DANA» de la web de la red. Además, su propósito es trasladar periódicamente estos datos a la administración pública para mejorar la respuesta y coordinación en la recuperación.

El trabajo de las entidades en el terreno.

Según la información recogida, 20 son las entidades que forman parte de la red que continúan trabajando activamente en 45 municipios brindando apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. Tras los primeros meses tras la DANA, estas organizaciones han desplegado una intensa labor de atención, priorizando la cobertura de necesidades básicas y la asistencia social. Las acciones llevadas a cabo incluyen la distribución de alimentos y bienes esenciales, apoyo psicológico, orientación en la tramitación de ayudas, asesoramiento legal y ayudas económicas directas.

La intervención del Tercer Sector ha sido clave en la respuesta a la emergencia, ofreciendo ayuda de forma rápida y eficaz antes de que lleguen las ayudas institucionales. Las entidades están llevando a cabo una labor fundamental en la cobertura de necesidades básicas y el acompañamiento a las personas afectadas. Proporcionado alimentos, ropa y productos de higiene, además de apoyo psicológico y orientación en la tramitación de ayudas. También están encargándose de la gestión de alojamientos temporales y de la atención social a colectivos especialmente vulnerables, entre otras personas en situación de sinhogarismo, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, familias en situación de mayor vulnerabilidad, personas migrantes en situación irregular, población gitana y/o personas con problemas de salud mental.

Necesidades y mejoras identificadas

El informe recoge retos y propuestas en 10 áreas de intervención. EAPN CV señala que las ayudas públicas han sido insuficientes y que la recuperación avanza a un ritmo lento. Las entidades han detectado múltiples barreras que están dificultando el acceso a las ayudas y la reconstrucción de la vida de las personas afectadas. Entre las principales carencias destacan la falta de coordinación entre administraciones y entidades sociales, la dificultad de acceso a vivienda, la escasez de recursos para la reconstrucción de hogares y la imposibilidad de acceder a ayudas por parte de personas en situación administrativa irregular.

Ante esta situación, se plantea una serie de medidas urgentes para mejorar la respuesta institucional. El informe recomienda la creación de una mesa de coordinación interinstitucional que permita mejorar la gestión de recursos y evitar la duplicidad de esfuerzos. También se plantea la necesidad de agilizar los procesos de realojamiento y flexibilizar los requisitos de acceso a las ayudas, garantizando que todas las personas afectadas puedan acceder a ellas, independientemente de su situación documental. Asimismo, se instala a reforzar los equipos de atención psicológica y social, así como a implementar un censo centralizado de personas damnificadas que permita mejorar la planificación de la recuperación.

EAPN CV hace un llamado a las administraciones públicas para que prioricen estas medidas y aceleren la recuperación de las personas más afectadas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. La reconstrucción tras la DANA no debe limitarse a la recuperación material de infraestructuras, sino que debe garantizar el acceso a derechos básicos y la protección social de todas las personas damnificadas.

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